La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores del sector público y privado que pertenezcan a confesiones religiosas que consideran esa jornada como día de descanso o de guardar.
La iniciativa, respaldada por 16 votos a favor,
uno en contra y seis abstenciones, busca fortalecer el derecho
a la libertad
religiosa sin generar una reducción en las horas
efectivas de trabajo.
La norma precisa que el
beneficio no será automático
para todos los trabajadores. Quienes deseen acogerse deberán
comunicar a su empleador la
confesión religiosa a la que pertenecen y acreditar dicha
condición mediante una constancia
emitida por la autoridad correspondiente de su comunidad
religiosa. Una vez
presentada la documentación, podrán acceder al descanso sabatino bajo las condiciones
previstas en la ley.
El dictamen alcanza tanto a trabajadores del sector público como del privado cuya confesión religiosa establezca el sábado como día de descanso o de culto. La propuesta tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de religión y evitar que las personas deban elegir entre cumplir con sus creencias o conservar sus obligaciones laborales.
La aprobación del descanso sabatino no implica una reducción de la jornada laboral. El proyecto aprobado establece expresamente que las horas dejadas de trabajar durante el sábado deberán compensarse dentro de los diez días naturales posteriores o en la oportunidad que determine el empleador, de acuerdo con las necesidades de la entidad pública o de la empresa privada.
Con este mecanismo, el Congreso busca equilibrar el derecho a la libertad religiosa con la continuidad de las actividades laborales y la productividad de las instituciones. La medida beneficiaría principalmente a fieles de confesiones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras comunidades que consideran el sábado como jornada sagrada.
Tras superar la segunda votación en la Comisión Permanente, la iniciativa queda encaminada para su promulgación y eventual entrada en vigencia. De concretarse, el Perú incorporará una regulación que busca armonizar el respeto por las convicciones religiosas con el cumplimiento de las obligaciones laborales, garantizando que ambos derechos puedan coexistir dentro del marco legal vigente.
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