El presidente José María Balcázar decidió observar y devolver al Congreso la autógrafa de ley que modificaba el tratamiento judicial para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía investigados por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones. La decisión fue oficializada tras una fuerte presión de organismos de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad civil.
La norma había sido aprobada por el Congreso el 24 de junio y fue cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que advirtieron que podía favorecer la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el 6 de julio, el Ejecutivo devolvió el proyecto al Parlamento para su reconsideración, y un día después Balcázar reafirmó públicamente que estos casos deben seguir siendo competencia de la justicia ordinaria y no del fuero militar.
La observación presidencial reabre el debate en el Congreso, donde la mayoría parlamentaria deberá decidir si acepta las observaciones del Ejecutivo o insiste en aprobar nuevamente la norma. Para distintos especialistas, la discusión será clave para definir los límites entre la justicia militar y la justicia civil en el país.
La decisión de Balcázar ha sido interpretada por diversos sectores como un freno a una ley que generó amplio rechazo. Ahora la última palabra vuelve a estar en manos del Congreso, que deberá decidir el futuro de una de las iniciativas más polémicas de los últimos meses.
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