En el marco del debate de las modificaciones a la Ley de Partidos Políticos (LPP), el presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola, sustentó el dictamen que, entre otros puntos, exceptúa a las agrupaciones políticas de recibir sanción por no rendir cuentas del dinero proveniente de fuentes privadas.
De acuerdo a sus disposiciones complementarias, el grupo parlamentario solicita la derogación del artículo 36 de la LPP, que establece las multas a aquellos partidos que incumplan con presentar su Informe Financiero Anual (IFA).
De esta manera, ninguna agrupación política se verá afectada por no transparentar el financiamiento recibido del sector privado. Este hecho generó una controversia durante el Pleno del Congreso de ayer.
En su intervención, el congresista Mesías Guevara, de Acción Popular-Frente Amplio, pidió que deje sin efecto dicha disposición complementaria porque, aseguró, transgrede la transparencia que debe existir en las agrupaciones políticas.
"Este es un documento cojo porque exiges que rindan el dinero de fondo público pero no el privado, que es justamente donde (las agrupaciones) te sacan la vuelta porque ahí vemos actuar el escándalo, el dinero mal habido y de procedencia dudosa", sostuvo el parlamentario.
A este pedido se sumó los de sus colegas de bancada Verónika Mendoza y Jorge Rimarachín. Mendoza pidió al titular de la Comisión de Constitución revisar el documento y establecer las sanciones sobre el financiamiento privado.
En tanto, la posición de Rimarachín fue más enfática. El congresista calificó de "inconstitucional" el dictamen y afirmó que solo beneficia a los partidos que reciben dinero de origen ilícito.
"Esta ley es inconstitucional, no puede privar, neutralizar, eliminar el derecho de un ciudadano de conocer de dónde provienen los fondos que financian a esos partidos que realizan millonarias campañas", cuestionó.
Al respecto, el titular de Constitución, Fredy Otárola, justificó el hecho y dijo que ello se establece en la modificación del artículo 36 de la LPP.
"Sí se establecen las sanciones, solo por razones de técnicas legislativas ello se precisa en las modificaciones", dijo.
Sin embargo, en los cambios solo se aprecian las sanciones a las agrupaciones políticas que no rindan cuentas sobre el financiamiento público directo, que recién empezaría a entregarse por el Ministerio de Economía y Finanzas en el 2017.
El presidente de la Asociación Transparencia, Gerardo Távara, utilizó su red social Twitter para advertir de este hecho. Luego en comunicación con La República cuestionó la modificatoria de la Comisión de Constitución.
"[El artículo 36] se refiere solo al financiamiento público directo, que en la práctica los partidos no están recibiendo. El riesgo es que se deje sin sanción cuando el partido no informe del financiamiento privado que recibe y que las sanciones se den solo en el caso del financiamiento público", explicó.
Ante esta polémica, Otárola solicitó a la Mesa Directiva pasar a cuarto intermedio para subsanar las observaciones al dictamen, por lo que se postergó su votación hasta el próximo miércoles.
OTRAS MODIFICACIONES
En otro punto de las modificatorias a la LPP, también se evidencia que el número de invitados a los partidos políticos se elevaría de 20 a 25 por ciento en la listas de candidatos en los comicios electorales.
Según Távara, esto podría generar un mal precedente puesto que las agrupaciones políticas perderían institucionalidad. "No creo que sea lo mejor. No encontramos la razón del porqué se propone esta ampliación", refirió.
Por otra parte, el dictamen prevé el cierre de locales e inscripciones de agrupaciones vinculadas al terrorismo y al narcotráfico, de acuerdo al artículo 14 del dictamen
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